La economía entró en zona de definiciones. La gestión del presidente Alberto Fernández deberá dar más que señales para que los argentinos sepan cuál es el rumbo que adoptará el país. Independientemente de las urgencias y de las recomendaciones de organismos internacionales, se necesita un plan que establezca las pautas no sólo fiscales, sino también la línea de acción para combatir, estructuralmente, la inflación.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) ha revelado que el Índice de Precios al Consumidor se mantiene elevado, en una zona del 5% mensual, con lo que -por ejemplo- el Ministerio de Economía no podrá cumplir con la meta trazada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la negociación de un Programa de Facilidades Extendidas para reprogramar el pago de los casi U$S 44.000 millones que le debe el país. Si el Gobierno no logra bajar las expectativas inflacionarias, la pobreza crecerá a niveles extraordinarios en una Argentina que no logra ubicarse en la senda del crecimiento sostenido.

La acumulación de problemas económicos ha derivado en la actual situación. La inflación elevada no es más que un síntoma de la postergación de decisiones oficiales a la hora de adoptar un plan económico. Un sondeo de opinión difundido a principios de mes por CB Consultora ha señalado que un 60% de la población consultada coincide en que el Gobierno no sabe cómo resolver los problemas del país, después de más de dos años de gestión. El diagnóstico privado, como otros, pone a la inflación en la cima de las problemáticas que más embarga a los argentinos.

El propio presidente Alberto Fernández ha dicho que a partir de mañana se declarará “una guerra” contra la inflación, aplicando herramientas que, hasta ahora, no han sido del todo efectiva para dominar ese enemigo del bolsillo de los ciudadanos. Los persistentes controles de precios y los acuerdos para determinados productos no hacen más que alimentar una economía artificial que, cada tanto, requiere de correcciones al alza. En algunas situaciones, amparándose en las cuestiones de geopolítica internacional, advierte a los productores y a los exportadores que aplicará la Ley de Abastecimiento, como en el caso de la carne, y hasta subir las retenciones al campo, en especial las relacionadas a los derivados de la soja. Esta batería de medidas no hace más que espantar a los inversores. Si no se vuelca capital en el país será más difícil generar más puestos de trabajo y, por ende, mejorar la situación de la sociedad.

Esta tarde, el Indec difundirá los datos de la Canasta Básica Total y Alimentaria. Con el costo mensual que requiere una familia tipo para subsistir se tomará dimensión acerca de las consecuencias de la escalada inflacionaria que ha tenido la Argentina en los últimos años. Ese informe, a su vez, debería marcar ciertas prioridades para mejorar el poder adquisitivo de los más expuestos a la suba sostenida de los precios. En dos semanas, a su vez, se conocerá el dato de pobreza y de indigencia. Hasta entonces, sería conveniente que el Gobierno tenga un plan de acción para que el deterioro socioeconómico no sea mayor.